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asta antes del 20 de junio del presente año el tema del cumplimiento del pago del 30% por preparación de clases y otros beneficios sociales de acuerdo a lo estipulado en la Ley del Profesorado 24029-25212 sólo era materia de conversación, reclamos administrativos estériles y procesos judiciales, de manera aislada en las diferentes regiones del país, que en la mayoría de los casos se encuentran en las Salas de la Corte Superior de Justicia para su dictamen final.
Pero no era sólo el exigir el pago inmediato de esta bonificación la que los maestros de base estábamos enarbolando desde hace cuatro años atrás, sino, implícitamente junto a ello estuvimos y estamos defendiendo la vigencia de dicha Ley del Profesorado y su Reglamento 019-90-ED. Rechazando de manera mayoritaria la aplicación de la Ley 29062, conocida como Ley de Carrera Pública Magisterial, promulgada el 2007. Es más, lo que se exigía era la derogatoria de la 29062 y que sólo prevaleciera la Ley del Profesorado, evitando así la presencia de dos leyes paralelas.
Hay que recordar que dos décadas atrás surgió el problema de los pagos de bonificaciones de manera distorsionada con la dación del DS. 051-91, emitido por la dictadura de Fujimori aplicándose de manera anticonstitucional hasta el día de hoy, mediante el cual el término “sueldo total” fue cambiado por el de “sueldo total permanente”, con lo cual se modificaba forma de sacar el porcentaje correspondiente para el pago del 30% por preparación de clases y el pago de otros beneficios sociales.
Han sido dos décadas donde ninguno de los que llegaron a ser dirigentes del CEN SUTEP hasta el día de hoy fueron capaces de exigir el cumplimiento de estos derechos, menos aún el de incluir estos reclamos en las plataformas de lucha. Incluso, hay que lamentar que el Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución (CONARE) del SUTEP, en su primera etapa tampoco incluyó el tema de la Ley del Profesorado entre los puntos a defender.
Recién a partir del 2009, cuando sale el primer dictamen judicial favorable a una maestra en Arequipa, es cuando los SUTEs regionales y sectores de Lima como el SUTE 14 y SUTE 17, orientados por el CONARE SUTEP, comienzan a exigir vía administrativa, en primer lugar, y judicialmente luego el cumplimiento del pago del 30% por preparación de clases de la remuneración total. A partir de entonces, al interior del magisterio, se va motivando para que este reclamo sea masivo y vinculado a la defensa de la Ley del Profesorado 24029-25212.
Es así que el CONARE del SUTEP impulsa las luchas por estos derechos, teniendo resultados favorables de manera parcial al lograr que en algunas regiones se emitan ordenanzas regionales reconociendo estos derechos pero sin poder ejecutarlos por falta de presupuesto. De ahí que se ve la necesidad de vertebrar un reclamo a nivel nacional, y luego de varios eventos a nivel regional y nacional, el CONARE del SUTEP acuerda convocar a la huelga nacional indefinida (HNI) a partir del 20 de junio con una plataforma de lucha que prioriza el pago inmediato del 30% por preparación de clases, la vigencia plena de la Ley del Profesorado y otros puntos más de interés propio de los maestros.
Como era de esperarse el silenciamiento de los medios de comunicación no se dejó esperar, pero a poco que la HNI cobraba fuerza con el masivo acatamiento en más de 12 regiones del país, empezaron a tratar de desprestigiarla con el trillado término de senderistas, subversivos, movadef, etc. El pretexto, el que algunos dirigentes están inscritos (sólo inscritos) en el movadef. El negro papel jugado por René Ramirez y el CEN del SUTEP (patria roja=MNI=MAS) al convertirse en enemigos de la HNI desarrollada por los SUTEs regionales será muy difícil de olvidar por parte de los miles de maestros que de manera heroica estuvieron por más de un mes pernoctando frente al ministerio de educación en condiciones inhumanas.
Lo masivo que se convirtió la HNI hizo que se venciera algunas resistencias de la burocracia estatal para la apertura del diálogo, sin embargo una vez más comprobamos que a la derecha y los grupos de poder que lo representan no les interesa cumplir con las leyes si estas están a favor del trabajador. Buscan, en cambio, adecuarlas para seguir explotando y oprimiendo al pueblo.
La llamada Ley de Desarrollo Docente, cambiada luego a Ley de Reforma Magisterial no es otra cosa que aplicar con mayor “efectividad” el modelo neoliberal en el sector educación, no es extraño, entonces que en la “interpelación” a Patricia Salas, la mayoría de los congresistas respaldaran dicho proyecto, aún reconociendo los justos reclamos de los maestros en huelga. Posiblemente esto último lo mencionaban teniendo en cuenta que dicho debate estaba siendo transmitido en todo el Perú en directo por el Canal 7.
Entonces, a esta primera etapa de lucha por el cumplimiento de los derechos consignados en la Ley del Profesorado 24029 y que hoy son de conocimiento nacional y que deben ser cumplidos por parte del estado, es necesario complementarlo con una segunda en la que el Comité Nacional de Lucha de los SUTEs Regionales debe planificarlo de manera que se proceda a actuar de manera coordinada.
NOTA FINAL.- Recién me entero que el CEN SUTEP el pasado sábado acordó “iniciar” una huelga, pero sin fecha de inicio, so pretexto de que dos regiones no tienen pronunciamiento. No es de extrañar este proceder. A lo mejor están esperando aún alguna concesión particular por parte de la ministra. Sólo esperamos que en su propuesta no figure su LEY CONSENSUADA “24029 + 29062”, que en el tema de estabilidad laboral sólo se diferencia del proyecto del gobierno cuando dicen que el maestro al desaprobar tres evaluaciones consecutivas pasara a ocupar un puesto administrativo.
Fuente: MI PALABRA / Felipe Torres Andrade
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