Los gobiernos de Fujimori , Toledo y Alan García han sometido los intereses Perú al capital extranjero, principalmente norteamericano; han impuesto su política de globalización y neoliberalismo, que se expresa en privatizar todo, achicar el Estado (gastar menos para pagar deuda externa, imponer “libre mercado”, y generalizar la flexibilidad laboral (contratos); pero, como los pueblos del Perú y del mundo se oponen a este negro plan quieren imponer la paz y orden, esa paz de los cementerios, en la que nadie diga nada y nadie proteste.
Es decir, el imperialismo de mil maneras impone su plan y los pueblos del mundo luchamos para que esos planes negros fracasen. ¿Por qué? porque esos negros planes solo traen hambre, miseria, desocupación. Los maestros conscientes y esclarecidos hemos luchado contra la ley privatista Nº 28044, ley general de educación, promulgada durante el gobierno de Alejandro Toledo.
Inclusive desde que se dio a conocer el proyecto de la ley marco de educación, los maestros de Bases y de provincias, denunciamos a los dirigentes usurpadores del CEN del Sutep por su silencio cómplice y por no advertir sobre el atentado que se estaba fraguando contra el derecho a la educación. La nueva ley general de la educación 28044 considera a la educación como un SERVICIO, por lo tanto, en un futuro, será financiada y pagada por los usuarios como beneficiarios del servicio. En efecto la norma legal mencionadas atentan contra el derecho fundamental a la educación y el Estado renuncia a su deber de garantizar plenamente este derecho.
La mal llamada "nueva Ley General de Educación" es la muestra de la más descarada sumisión de los intereses del pueblo a favor de los intereses de organismos finanacieros internacionales como el Banco Mundial. El Banco Mundial en el documento "Un nuevo contrato social con el Perú" aplica un criterio mercantilista a la educación.
Considera a la educación como una relación comercial donde los alumnos y padres de familia son los clientes o usuarios, los profesores y la escuela los proveedores y el estado el ente regulador. Plantea una "cultura de evaluación" para los que brindan y reciben el servicio.
Además precisa que el control de la calidad del servicio deber ser realizado por las leyes del mercado. Este vergonzoso documento viene siendo aplicando, a pie juntillas, como una receta a las diferentes realidades educativas de algunos países de latinoamérica, serviles a los intereses de esta entidad financiera internacional.
Ahora bien, es preciso señalar que el Estado peruano, que se encuentra en manos de la Gran Burguesía y de los Terratenientes de nuevo y viejo cuño, adoptando el camino burocrático de su desarrollo, viene implementando los Planes Neoliberales del Imperialismo, que a través de sus Organismo Financieros Internacionales, básicamente norteamericanos, como son el FMI, el Banco Mundial, el Club el FMI, el Banco Mundial, el Club de París, entre otros, son los que impulsan en el mundo las Políticas de cómo debe ser el Estado y cuál es su responsabilidad social para con los habitantes de determinado país.
Éstas Políticas, diseñadas especialmente para Latinoamérica, devienen del Consenso de Washington, consenso suscrito en el año de 1990 por los Organismos Financieros Internacionales y Centros Económicos con sede en Washington D.C. con los Gobiernos de esa época, que en su Programa general recogen las experiencias de las dictaduras de los años de 1970 y 1980, especialmente de las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile y de Rafael Videla en Argentina, y plantean consecuentemente lo siguiente: en su Punto 2 “Los cambios en las prioridades del gasto público, en especial de áreas menos productivas como la sanidad, la educación y la infraestructura”, en su punto 3 “la reforma fiscal” y en su punto 8 “la importancia de la privatización”. Con lo que se abre las puertas para que se produzca las reformas que el Estado necesita realizar para adecuarse a ese Consenso.
En la época de la dictadura de Alberto Fujimori se procedió a implementar este acuerdo Multilateral. Se cambió las prioridades en el gasto público, o sea no se dio prioridad ni a Salud ni a Educación, se hizo así mismo una reforma fiscal y lo más grave del asunto se privatizó casi todas las empresas estratégicas y no estratégicas de la Nación, generando una profundización de la crisis en todo el Perú.
Una de las expresiones de esas crisis fue el Alto Desempleo que se generó, llegando a despedirse aproximadamente cerca de medio millón de trabajadores, más de los maestros y maestras que actualmente desempeñamos nuestra función docente a nivel nacional. Con esta acción por parte del régimen fujimorista se cumplió con la primera parte del proceso de aplicación del Consenso de Washington que no es otra cosa que la aplicación del neoliberalismo a nuestro país.
Con la caída del régimen dictatorial de Fujimori no se paralizó el intento de seguir con el proceso de privatización de los diversos sectores del país, lo que pasó fue que simplemente se remozó esa intentona con la suscripción del “Acuerdo Nacional” por la Educación, documento éste que no cuestionó en ninguna línea las medidas neoliberales que en materia educativa impusiera el régimen fujimorista, ya que su contenido fue estrictamente curricular, quedando intacta la reforma neoliberal y su línea privatizadora.
Es decir, tarde o temprano, mientras el gobierno de turno se sometiera al referido Consenso de Washington, iba a llegar la implementación de la reforma neoliberal en Educación, de una u otra manera, ya sea a través de una privatización directa u ortodoxa, o ya sea a través de una privatización indirecta o heterodoxa como es la Municipalización.
La Municipalización de la Educación es un proceso mediante el cual el Estado Central transfiere el ejercicio de la dirección y conducción de los servicios educacionales al ámbito jurisdiccional de un Gobierno Local, para que ésta participe directamente en la Gestión de las Instituciones Educativas tomando las principales decisiones en el ámbito pedagógico, institucional, presupuestario y administrativo, con el objetivo de manejar directamente la conducción de la Institución, el Personal y todos los procesos que ello implique, lo cual significa que todo el Sistema Educativo curricular y extracurricular pasa a poder de un ente local como es la Municipalidad.
En este sentido, el Ministerio de Educación con mil argucias quiere convencer a la Comunidad Educativa de la necesidad de transferir las Instituciones Educativas a los Municipios si queremos lograr la calidad educativa, pero, tenemos claro que el fondo de esta transferencia en transferir luego al sector privado afectando la Educación Pública Gratuita y los derechos magisteriales contemplados en la Ley del Profesorado. En la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades se establece las distintas funciones de los municipios y una de ellas es la Educación, cultura, deportes y recreación (art. 82).
Sin embargo, por experiencia vecinal los municipios no cumplen ni el 50% de sus funciones tradicionalmente asignadas y tampoco garantiza que se cumplan ni el 20% de las funciones expresadas del art.82 de la presente Ley Orgánica ya que no solo se refiere educación sino también a la cultura, deporte y recreación, reflejando que no están preparados para asumir sus funciones básicas de lo pedagógico y de gestión.
Asimismo, la experiencia chilena nos muestra que durante la década de los 80 del siglo 20, Pinochet define la educación para chile así: El Estado asume la educación (SUBVENCIONANDO), LA EDUCACIÓN YA NO ERA UN DERECHO (igual que en la actual ley de educación peruana - 28044).
En tal sentido, a partir del 80 las escuelas pasan a manos de las municipalidades, luego de precarizar a los liceos pasaron a las empresas privadas. Pero para que todo esto se imponga en Chile, en 1991 se hace una enorme campaña de desprestigio, ridiculización y satanización del magisterio chileno (lo que hoy está ocurriendo en el Perú) Fuente: Sute 17
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