DEBATE. Minedu emitió una norma que en una parte prohíbe tomar exámenes de ingreso y en otra los autoriza.
Efraín Rodríguez. Arequipa.
En esta época del año, muchos padres de familia atraviesan por el tortuoso camino de la búsqueda de una vacante en un colegio para que estudien sus hijos. Algunas instituciones educativas piden diversos documentos, realizan varias entrevistas de aptitud y coronan el proceso con una evaluación de conocimientos.
Este último requisito puede determinar si consigue o no la vacante anhelada para el estudiante. Sin embargo, esta práctica vulnera el derecho a la educación entre los jóvenes y niños.
El Ministerio de Educación (Minedu) trató de frenar esta situación y dispuso que no se exija rendir exámenes de postulación a los colegios.
En la Directiva 014 - 2012 que regula el año académico del 2013, se cita una Resolución Ministerial publicada el 2007 que dispone "que la matrícula no está condicionada a ningún tipo de examen", es decir no se debe tomar exámenes de ingreso.
No obstante, la misma norma se contradice, ya que en el acápite sobre la Educación Básica Regular dispone que cuando la oferta de vacantes es inferior a la demanda, puede generar filtros. Entre ellos, la prueba de conocimientos.
Además, la ley estipula que si la visión y misión del colegio estipula alguna característica de sus planes institucionales, puede evaluar a los estudiantes.
Son negocios
El decano del Colegio de Profesores, Juan Carlos Jaquehua, refiere que algunos centros educativos públicos y privados realizan las pruebas para obtener ganancias económicas.
"Se aprovechan de su buena infraestructura, ubicación céntrica o nivel educativo y organizan cursos de nivelación para los postulantes de una plaza", indica.
Según Jaquehua, las instituciones educativas que toman los exámenes cobran alrededor de S/. 150 a S/. 500. "Es discriminatorio. Se atenta al derecho de la educación", apunta.
Sin embargo, Alfredo Aguilar Medina, director de la asociación educativa Corpaidos Perú, discrepa con el decano del Colegio de Profesores. Este señala que los únicos prohibidos de ser evaluados son los infantes de 3, 4 y 5 años para ingresar al nivel Inicial y los niños de 6 años para entrar al Primer Grado de Primaria.
"Si se excede la demanda de vacantes en un colegio y éste tiene pocas plazas, puede preparar exámenes. Están en su derecho", afirma Aguilar.
Opina además que no necesariamente las pruebas deberían ser cognitivas. Detalla que podrían ceñirse a analizar la conducta y apoyo de los padres frente al desempeño de los estudiantes.
Lo que sí reconoce Aguilar es que la ley tiene una seria contradicción que no hará más que confundir a los promotores de Instituciones Educativas y a los padres de familia cuando empiecen a buscar una vacante para sus hijos.
El debate recién se abre y busca evitar que haya problemas en las matrículas.
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